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Hacia una política integral para combatir el comercio ilícito en Latinoamérica.

Writer: StrategosBIPStrategosBIP
Jul 8, 20226 min read
Este año el Parlatino divulgó dos leyes fundamentales: la ley de extinción de dominio, y la ley de comercio ilícito y delincuencia transnacional.

Escrito por: General (Ret.) Juan Carlos Buitrago Arias | Julio, 2022



Este año el Parlatino divulgó dos leyes fundamentales: la ley de extinción de dominio, y la ley de comercio ilícito y delincuencia transnacional. Ya han aprobado otras, por cierto, muy útiles en nuestra coyuntura: la ley marco de seguridad ciudadana y la ley modelo para la prevención y combate de la violencia, el narcotráfico y el terrorismo. Ecuador por ejemplo acaba de adoptar la ley Anticontrabando teniendo como base la del Parlatino, ejemplo que deberían seguir otros países latinoamericanos retomando instrumentos valiosos de la iniciativa en materia de: articulación interinstitucional, transparencia e integridad, sanciones administrativas y penales, cooperación internacional y comercio electrónico ilícito.


Colombia, por ejemplo, está en mora de actualizar la ley 1762 de 2015-Ley Anticontrabando, casi perfecta en su diseño, pero con dificultades en su desarrollo e implementación. No existe duda que la percepción contra el comercio ilícito -contrabando-, la falsificación y la adulteración de productos ha cambiado, y para bien, sin embargo, se requieren urgentes y mayores esfuerzos y recursos para reintegrar y formalizar a casi el 60% de familias del país que viven de la informalidad y del comercio ilegal; aunado a la necesidad de superar el engorroso sistema tributario y aduanero, simplificando, agilizando y automatizando procesos; haciendo realidad el Centro Nacional de Lucha contra el Contrabando, interviniendo sin temor y de manera frontal la corrupción, y modernizando de tajo nuestros obsoletos sistemas para facilitar y controlar el comercio en puertos, aeropuertos y fronteras.

El fraude económico resultado del contrabando, la falsificación y el comercio ilícito, le cuesta al mundo el 3% del PIB, algo así como 500 mil millones de dólares anual. Solo en Colombia el costo asciende a 6 mil millones de USD, y cada año se hacen ingentes esfuerzos entre las Aduanas, las Policías y la empresa privada para combatirlo. En 2021 han sido dos operaciones de impacto lideradas por Interpol, EUROPOL y Ameripol para contener el mercado global ilícito de medicamentos, productos agroindustriales y el fraude electrónico; sin embargo, y pese a los esfuerzos de más de 72 países que participaron en estos procedimientos, latinoamérica y el caribe son muy débiles en materia de capacidad institucional.


Aruba y Panamá, por ejemplo, son la más grande puerta de ingreso de cigarrillos y licor de contrabando, al Caribe y Latinomérica. Grandes cargamentos desembarcan clandestinamente en la Costa Atlántica y los que no logran ser decomisados, atraviesan la costa pacífica colombiana para alimentar el mercado ilegal interno en menor escala, y el de Ecuador principalmente, que alcanza el 79%.


Según un artículo del Portal el Observador publicado el 27 de abril de 2022, “durante 2020, alrededor de 3,6 billones de cigarrillos ilegales se comerciaron en Centroamérica y el Caribe, que representan un 40% del mercado y una defraudación fiscal aproximadamente de USD$250 millones anuales”.


De acuerdo con el Estudio de Mercado de Cigarrillos Ilegales (2021) realizado en Panamá por Nielsen (Líder global en conocimiento de audiencias, datos y analítica), citado por el artículo del Observador, “basado en una muestra aleatoria y representativa de 1.150 cajetillas recogidas en las principales ciudades del país, un 87,9 de cada 100 cigarrillos consumidos en Panamá son de contrabando.” Situación que representa un dramático y preocupante incremento frente a los últimos años, pues según este mismo estudio, “en 2016, el 60,8% de los cigarrillos que se consumían en las calles de Panamá eran ilegales, en 2018 la incidencia subió al 73,4% y en 2019 el estudio mostró que el 79,9% del mercado de cigarrillos en Panamá no pagaba impuestos.” Lo que supone un incremento de 7,9 puntos porcentuales en 2 años.


Así mismo, el caso de Guatemala es igualmente preocupante, pues, un estudio de mercado realizado por la firma Total Research Network en el último trimestre del 2021, dio a conocer que “la cifra que ingresó al país incrementó a 428 millones de unidades de cigarrillos ilegales (en 2013 se estimaron 76.9 millones de unidades de cigarrillos ilegales y en 2020 esta cifra llegó a casi 422 millones de unidades vendidas)”

Por otra parte, el citado estudio menciona que, de la participación total de marcas ilegales, la manufactura coreana sobrepasa el 70% del consumo ilegal en Guatemala, por lo que representa aproximadamente 300 millones de unidades ilegales presentes en el país y el resto que suman aproximadamente 120 millones de unidades son de dudosa procedencia. Así mismo, el estudio afirma que cada mes llegan a Guatemala, de manera ilícita, alrededor de 36 millones de unidades de cigarrillos a través del comercio ilegal. (Total Research Network, 2021, citado por Periódico Digital Centroamérica y el Caribe, 2022)


Mientras tanto, En Costa Rica, 6,3 de cada 10 cigarrillos que se consumen son de contrabando y no cumplen la normativa en cuanto a pictogramas y advertencias establecidas por ley, a lo que se suma el fuerte impacto que tiene el comercio ilícito de estos productos en la defraudación fiscal. Se estima que anualmente la pérdida fiscal ronda los 38 billones de colones en un país que cuenta con un déficit fiscal de 8,1% del PIB. De acuerdo con un informe de la Policía de Control Fiscal, durante el primer semestre de 2021 se decomisaron un total de 13.712.842 cigarrillos y habanos. (El Observador, 2022)


Con relación a los operativos de incautación y aprehensión de mercancías, solo la semana pasada fue incautado en Guayaquil un contenedor procedente de Panamá con casi 11 millones de cigarrillos de origen asiático; y en Colombia, el último año, la Armada Nacional, la POLFA y la DIAN, con el apoyo de ICE-USA y la empresa privada, ha incautado la cifra récord de 600 millones de unidades de cigarrillos de contrabando; así mismo, según la firma Nielsen, citada por el Portal E&N, en 2021, “se incautaron más de 115 millones de cigarrillos (sticks) ilegales, en Panamá lo que representa un valor de venta en el mercado de más de US$17.2 millones y que supondría una pérdida de impuestos no percibidos para el Estado por más de US$8,6 millones.”


Esto significa que las mafias siguen penetrando nuestras economías. No hay duda de que el cigarrillo y el alcohol son perjudiciales para la salud, pero más nocivo es consumir estos productos en el mercado ilegal, el mismo que financia y se vincula estrechamente con múltiples formas del crimen organizado dedicadas a perpetrar actos terroristas, secuestros, extorsiones, homicidios, trata de personas con múltiples fines, tráfico de armas, tráfico de fauna & flora silvestre, minería ilegal y narcotráfico.


Por ejemplo, el control de las importaciones de Alcohol Potable. Es poco lo que existe en regulación frente a este asunto y el daño potencial a la salud que genera el mal uso del alcohol es un problema importante. También el crecimiento de ventas a través de e-commerce es muy rápido en un mundo cada día más digitalizado. La ausencia de regulación de las plataformas de e-commerce y redes sociales para venta y publicidad de bebidas alcohólicas es clave. Promover la autorregulación de las plataformas como primer paso es esencial en este aspecto.

El aumento de cooperación de las autoridades y el esquema de implementación de penas debe ser más robusto y eficiente, buscando implementar medidas que ataquen las finanzas de las bandas criminales, persiguiendo el dinero y con medidas muy efectivas como la Extinción de Dominio.


Finalmente, en el propósito de avanzar hacia una estrategia integral en Latinoamérica para mitigar el comercio ilícito, es fundamental intervenir la cadena de corrupción que han logrado incorporar las mafias del crimen en las instituciones públicas y privadas. También aplicar medidas de extinción de dominio a los funcionarios públicos condenados por corrupción. De otro lado, promover la cultura de la legalidad. En Colombia, por ejemplo, se creó el programa Zonas de Comercio Legal, en el cual actúan todas las instituciones comprometidas en la lucha contra el comercio ilícito. Su fin es formalizar a los pequeños comerciantes que tradicionalmente se han dedicado a la producción, distribución y comercialización de productos falsificados, adulterados o de origen ilegal. Está acompañado además por una intensa campaña de semilleros de la legalidad, donde los protagonistas son niños y adolescentes cuyas familias viven en zonas vulnerables, de frontera, por ejemplo, y cuya base de actividades es la venta de productos con origen ilegal. Combatir las mafias del comercio ilícito en todas sus modalidades con inteligencia, policía judicial, lavado de activos y extinción de dominio es clave, pero intervenir con fines preventivos y de formalización las familias y sectores en riesgo para sacarlos de la informalidad laboral constituye la llave maestra para erradicar el fenómeno del comercio ilícito en Latinoamérica.




Fuentes de Información consultadas:




 

Artículo originalmente publicado en Revista Digital El Mundo Cambió Ed. Julio, 2022

 



 
 
 

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