Los aranceles y su posible influencia en el comercio ilegal en LATAM
- StrategosBIP
- Apr 22
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Updated: Apr 24
El pasado 2 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la implementación de una nueva política de aranceles recíprocos dirigida a todos los socios comerciales del país. Esta medida establece, en principio, una tasa arancelaria universal del 10% sobre todas las importaciones, con la excepción de China, a quien castigó con un arancel que alcanza el 125%. Además, la política contempla la aplicación de aranceles diferenciados para productos estratégicos como fármacos, microprocesadores, aluminio, acero y automóviles. Actualmente, también se investigan posibles gravámenes adicionales sobre el cobre y la madera. Por ahora, la tasa universal se encuentra en tregua parcial de 90 días – exceptuando a China – por la presión de empresarios, inversores y miembros del propio Partido Republicano ante la amenaza de una posible recesión. Sin embargo, se prevé que, concluido el plazo de gracia, la medida entre en plena vigencia, posiblemente con la incorporación de nuevos productos y países sujetos a aranceles específicos.
Esta política comercial ha generado un clima de creciente incertidumbre en los mercados, principalmente por el impacto que tendrán las nuevas tarifas arancelarias sobre los precios de los productos importados.
Esta política comercial ha generado un clima de creciente incertidumbre en los mercados, principalmente por el impacto que tendrán las nuevas tarifas arancelarias sobre los precios de los productos importados. Cuando los costos aumentan en cualquier eslabón de la cadena de suministro, las empresas se ven obligadas a trasladar esos incrementos al consumidor final para mantener la viabilidad de sus operaciones. Esta dinámica, sin embargo, tiene efectos adversos sobre los hábitos de consumo, ya que desincentiva la compra de productos legales y fomenta la demanda de bienes de contrabando o falsificados, que suelen ofrecerse a precios más bajos. Esta tendencia distorsiona la competencia, debilita la protección de la propiedad intelectual, así como pone en riesgo la seguridad y los derechos del consumidor final.
El comercio ilegal, además, demuestra un carácter marcadamente oportunista al aprovechar exenciones regulatorias para eludir controles aduaneros y aranceles como actualmente ocurre con Estados Unidos y China. Datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York indicaron que las importaciones oficiales desde China a Estados Unidos disminuyeron del 21.6 % en 2018 al 13.4 % en 2024. Sin embargo, cifras del gobierno chino solo reportaron una disminución del del 2.5% para el mismo periodo. Esta discrepancia sugiere que muchos productos chinos estaban ingresando a través de una disposición arancelaria conocida como las minimis, las cuales permiten la entrada libre de impuestos de paquetes valorados en 800 dólares o menos. Este tipo de disposiciones son sistemáticamente aprovechadas por redes de contrabandistas y falsificadores para evadir aranceles, inspecciones y controles regulatorios. En un entorno comercial cada vez más adverso y volátil, estas prácticas ilícitas encuentran los mecanismos para adaptarse estratégicamente a los cambios en las políticas comerciales internacionales.

En un entorno comercial cada vez más adverso y volátil, estas prácticas ilícitas encuentran los mecanismos para adaptarse estratégicamente a los cambios en las políticas comerciales internacionales.
Por otro lado, la imposición inicial de aranceles evidenció con claridad a quiénes considera Estados Unidos como sus principales rivales comerciales, dejando al descubierto las tensiones geopolíticas subyacentes. China, la Unión Europea, Vietnam, Taiwán y Tailandia fueron fuertemente atacados por estas medidas alcanzando porcentajes superiores al 30% previo a la decisión de mantener una tregua por 90 días. Estas medidas no solo impactaron el comercio bilateral, sino que también tensaron significativamente las relaciones diplomáticas, marcando un giro hacia una política exterior más confrontativa. Estas fricciones no solo amenazan con erosionar las relaciones bilaterales, sino que también podrían dificultar la cooperación internacional en áreas como la protección de la propiedad intelectual, la lucha contra el contrabando y el combate a la falsificación. Las decisiones unilaterales de esta naturaleza tienden a generar respuestas adversas por parte de los gobiernos implicados, quienes, ante el deterioro del clima político-comercial, pueden relegar estos temas a un segundo plano en sus agendas nacionales, debilitando así las alianzas público-privadas y los mecanismos de colaboración transnacional necesarios para enfrentar el comercio ilícito.
Si bien América Latina no ha sido uno de los principales objetivos de los aranceles impuestos por la administración Trump, la región mantiene una posición de alta vulnerabilidad debido a su fuerte dependencia comercial con Estados Unidos, su principal socio económico.
Si bien América Latina no ha sido uno de los principales objetivos de los aranceles impuestos por la administración Trump, la región mantiene una posición de alta vulnerabilidad debido a su fuerte dependencia comercial con Estados Unidos, su principal socio económico. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2023 las exportaciones regionales hacia EE.UU. alcanzaron los $611.000 millones de dólares, mientras que las importaciones desde ese país totalizaron $846.000 millones de dólares. Esta estrecha relación comercial podría generar riesgos para la estabilidad fiscal de los países latinoamericanos que se traduce en inflación, escasez de productos y aumento de precios. Lo anterior, sumado a la fragilidad institucional y la debilidad de los Estados latinoamericanos, incrementa el riesgo hacia la proliferación del contrabando, la falsificación y otras formas de comercio ilegal. Esta dinámica podría afectar a múltiples sectores productivos, pero especialmente a los productos estratégicos mencionados como los provenientes de la industria farmacéutica y minera. Lo anterior puede llegar a tener repercusiones en la participación del mercado, la reputación de las empresas y la seguridad de los consumidores.
Desde Strategos BIP, reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra el comercio ilícito en América Latina. A través de nuestra experiencia y portafolio de servicios, realizamos un seguimiento exhaustivo a las medidas regulatorias y de política pública que impactan el comercio ilegal con el objetivo de apoyar a las empresas en la protección de sus productos, sus trabajadores y su presencia en la región.
Artículo escrito por: Juliana Galvis, analista de Strategos BIP
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