Contexto y hallazgos
El turismo colombiano atraviesa una etapa de expansión. En 2025, el país recibió cerca de 4,7 millones de extranjeros no residentes, un 43 % más que en 2022, mientras la ocupación hotelera disminuyó del 55,6 % al 50,5 %. En este contexto han ganado espacio las viviendas turísticas: apartamentos, casas y fincas ofrecidos por noches o períodos cortos, mediante plataformas digitales o canales directos.
Esta modalidad de alojamiento ha generado beneficios económicos para usuarios, propietarios y prestadores turísticos, pero su crecimiento también plantea desafíos de formalización, competencia y seguridad. La operación legal requiere contar con un Registro Nacional de Turismo (RNT) activo, respetar las normas de uso del suelo y propiedad horizontal, cumplir las obligaciones tributarias, e identificar y reportar a los huéspedes.
El presente estudio identifica importantes discrepancias entre la oferta digital y los registros oficiales. Cotelco proyectó 113.679 alojamientos anunciados en plataformas al cierre de 2025, frente a 76.216 viviendas turísticas con RNT activo en octubre de 2026: una diferencia equivalente al 33 % de la oferta digital considerada. En Bogotá y Medellín, el contraste de agosto de 2026 identificó 23.403 alojamientos disponibles en Airbnb frente a 17.560 viviendas turísticas registradas, una diferencia conjunta de 5.843 unidades (25 %). Estas comparaciones muestran brechas sustanciales que dificultan la supervisión del sector.
Para profundizar en estos hallazgos, se analizaron 2.000 publicaciones de Airbnb en Bogotá y Medellín, cruzando su información con el RNT y el Registro Único Empresarial y Social (RUES). Aunque todos los anuncios examinados exhiben un número de registro turístico, tres de cada diez no cuentan con un RNT activo. Adicionalmente, se identificaron más de 200 publicaciones asociadas a comerciantes cuya información mercantil no registraba actividades económicas de alojamiento. Este ejercicio exploratorio evidencia la falta de control de la oferta digital, así como que la exhibición de un registro no garantiza por sí sola la correspondencia entre el alojamiento comercializado, su operador y la actividad económica declarada.
El contraste tributario arroja una discrepancia de 40.525 entre 52.524 titulares únicos de viviendas turísticas con RNT activo en agosto de 2026 y 11.999 declarantes del CIIU 5519 para el año gravable 2024. Sin un cruce individual por NIT y períodos comparables, esta diferencia no identifica titulares sin inscripción ante la DIAN ni incumplimientos. Un ejercicio independiente de sensibilidad, que supone 20.000 personas naturales con una obligación anual equivalente al promedio declarado del CIIU 5519 y su pago íntegro, arroja COP 20.366 millones; no mide evasión efectiva.
Para el año gravable 2024, los agregados de la DIAN reportan aproximadamente COP 44.700 millones de impuesto neto de renta en el CIIU 5519: COP 10.344 millones de personas naturales y COP 34.356 millones de personas jurídicas, en este último caso sin impuesto adicionado. Son valores declarados, no una medición de recaudo efectivo. Su cociente con los COP 1,6 billones de ingresos de anfitriones reportados por Airbnb para 2024 es 2,8 %. Como los universos difieren, este cociente no representa una tasa efectiva de tributación ni permite cuantificar evasión.
La oferta combina pequeños propietarios y operadores de mayor escala. El 5,7 % de los titulares con tres o más viviendas concentra el 26,6 % de los inmuebles, lo que permite identificar segmentos relevantes para una supervisión focalizada. La comercialización mediante plataformas, redes sociales y canales directos presenta distintos niveles de trazabilidad. Del lado de la demanda, los viajeros buscan principalmente precio, ubicación y comodidad. Las entrevistas exploratorias del estudio reflejan, entre los usuarios consultados, escaso interés por los requisitos de formalidad y experiencias de ingreso sin contacto presencial con el anfitrión. La percepción cambia a negativa cuando la pregunta se torna en calidad de vecino, en lugar de turista, lo que enfatiza la importancia de la regulación en copropiedades.
Riesgos y trazabilidad
Diversos reportes refieren que la informalidad de las viviendas turísticas, entendida como el incumplimiento de requisitos y obligaciones (ej. registro en el RNT), genera riesgos tanto para el turista, como para las vecindades, el desarrollo territorial ordenado, y la competencia equitativa frente a establecimientos o viviendas formales. Poco se ha explorado el vínculo entre esta informalidad y otras actividades delictivas, así como la evasión fiscal, que es el principal propósito de este paper.
La informalidad fácilmente puede traducirse en riesgos de seguridad y fiscales; por definición son mercados ajenos a controles. Del lado de los prestadores, el incumplimiento de obligaciones y la omisión de ingresos pueden afectar el recaudo y la competencia. Además, las reservas ficticias, los alquileres simulados y los ingresos que no corresponden con servicios efectivamente prestados pueden utilizarse para dar apariencia legal a recursos ilícitos, facilitando el lavado de activos. Del lado de los huéspedes, la validación de una reserva no garantiza la identidad de las personas que ocupan el inmueble. La omisión del registro de huéspedes mediante la Tarjeta de Registro de Alojamiento (TRA) y del reporte de extranjeros, sumada a las dificultades para utilizar ordinariamente la TRA sin RNT activo, reduce la trazabilidad de las estancias y puede facilitar el aprovechamiento criminal de los alojamientos.
Los casos documentados en Colombia muestran la gravedad de estos riesgos. La organización Los Bukis alquilaba apartamentos para facilitar hurtos en conjuntos residenciales; Los Químicos utilizaron una vivienda rentada mediante Airbnb como laboratorio de drogas sintéticas; y alias Javi, vinculado con la organización ecuatoriana Los Choneros, permaneció temporalmente en un apartamento de Bogotá. Estos antecedentes evidencian cómo los alojamientos pueden convertirse en puntos de acceso, refugio o infraestructura para actividades criminales.
La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes representa otro riesgo especialmente grave. En marzo de 2026, un ciudadano estadounidense fue capturado en Medellín en un inmueble ofrecido por noches, donde se encontraba con una adolescente de 14 años, y fue imputado por demanda de explotación sexual comercial de una menor. Este caso evidencia la importancia de prevenir que los alojamientos temporales sean utilizados como escenarios de explotación sexual, incluso por redes criminales. Aunque los casos examinados no demuestran que los inmuebles involucrados carecieran de RNT, sí ponen de relieve la necesidad de fortalecer los controles sobre su operación y ocupación efectiva.
Recomendaciones
Frente a estos hallazgos, las recomendaciones de este paper se enfocan en mantener fácil el cumplimiento, pero más riesgoso el incumplimiento. Desde el ámbito de política pública, se propone retomar la reforma del RNT presentada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2026, que contempla un sistema de verificación mediante cruces con otras bases oficiales. También se recomienda hacer efectiva la corresponsabilidad de las plataformas digitales en la validación de registros, el retiro de anuncios irregulares y la cooperación con las autoridades, así como fortalecer la identificación de huéspedes y de datos financieros.
En el ámbito operativo, se propone que la DIAN, la SIC y las demás autoridades competentes adopten una supervisión proactiva y basada en riesgos, mediante el cruce de registros administrativos y la priorización de control en multipropietarios. Esto permitiría priorizar verificaciones sobre operadores y actividades que presenten inconsistencias, sin presumir ilegalidad a partir de diferencias estadísticas. Asimismo, se recomienda facilitar las denuncias ciudadanas y fortalecer la participación de las copropiedades en la detección de irregularidades.
La informalidad en las viviendas turísticas no es únicamente un problema de ordenamiento territorial, convivencia vecinal o competencia desleal: también puede debilitar la capacidad del Estado para prevenir y detectar actividades criminales, así como para financiarse con los impuestos efectivamente debidos. Fortalecer los controles existentes, mejorar la cooperación entre autoridades y plataformas, y concentrar la supervisión donde existan mayores riesgos permitirá avanzar hacia un sector turístico más seguro, formal, transparente y competitivo.
Fuente: estudio de Strategos BIP, resumen ejecutivo, páginas 3–5.
