El Régimen Sancionatorio Aduanero: por qué Colombia lo necesita y qué implica su transformación

El 21 de abril de 2026, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) radicó ante el Congreso de la República la ponencia positiva unificada para primer debate del proyecto de ley del Régimen Sancionatorio Aduanero, un texto construido de manera conjunta con el Consejo Gremial Nacional a lo largo de veintisiete mesas de trabajo. La radicación marca el inicio formal del trámite legislativo de una iniciativa que busca modernizar el marco normativo que regula las infracciones y sanciones en materia aduanera, con el objetivo de que Colombia cuente con un régimen actualizado antes del 20 de junio de 2026, en cumplimiento de un mandato de la Corte Constitucional. 

El comercio exterior colombiano opera en un entorno de creciente complejidad. Las cadenas de suministro globales, la diversificación de los socios comerciales y la sofisticación de las prácticas ilegales de importación y exportación exigen que el Estado cuente con instrumentos normativos que estén a la altura de esos desafíos. En ese contexto, la discusión legislativa en torno al Régimen Sancionatorio Aduanero no es un asunto técnico menor: es una conversación de fondo sobre qué tipo de arquitectura institucional requiere Colombia para proteger su economía, garantizar la competencia leal y blindar sus fronteras frente al contrabando.

¿Por qué importa el régimen sancionatorio aduanero?

Hablar del régimen sancionatorio aduanero es hablar de las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de las obligaciones que impone el ordenamiento aduanero a quienes participan en el comercio exterior. Su función no es meramente punitiva: un buen régimen sancionatorio opera, ante todo, como un mecanismo de disuasión y de ordenamiento del comportamiento de los operadores del mercado. Cuando las reglas son claras, con sanciones proporcionales y predecibles, el cumplimiento voluntario se convierte en la opción más racional para importadores, exportadores, agentes de aduana y demás actores de la cadena logística.

El problema histórico de Colombia en esta materia ha sido, precisamente, la dispersión y la desproporción de su estructura sancionatoria. Un sistema con más de trescientas cincuenta infracciones catalogadas no solo resulta difícil de aplicar con coherencia por parte de la autoridad aduanera, sino que genera una incertidumbre considerable entre los operadores del comercio exterior. Esa incertidumbre tiene costos reales: ralentiza decisiones de inversión, incrementa los gastos de cumplimiento y, paradójicamente, puede terminar favoreciendo a quienes operan al margen de la ley, pues la complejidad normativa dificulta la fiscalización efectiva.

El contrabando como fenómeno estructural

Comprender la relevancia de esta reforma exige entender el contrabando no como un delito aislado, sino como un fenómeno estructural que prospera allí donde existen debilidades institucionales, vacíos normativos o asimetrías entre la carga tributaria formal y los costos de evadir el control aduanero. Colombia ha enfrentado históricamente niveles significativos de contrabando en sectores tan diversos como el textil, el calzado, los combustibles y los alimentos, con consecuencias que van desde la pérdida de recaudo tributario hasta el desplazamiento de la producción nacional y el debilitamiento de la formalidad empresarial.

Lo que muchas veces no se visibiliza suficientemente es que el contrabando no compite únicamente contra el Estado: compite contra cada empresa que importa legalmente, paga sus aranceles, declara con exactitud el origen y el valor de sus mercancías, y asume los costos del cumplimiento normativo. Cuando ese cumplimiento no está respaldado por un sistema sancionatorio efectivo que penalice a quienes evaden esas cargas, el mercado se desequilibra en favor de la ilegalidad. En ese sentido, fortalecer el régimen sancionatorio aduanero es también una política de protección a la competencia y al tejido empresarial formal.

Lo que la reforma propone y lo que eso revela

La reducción del número de infracciones, la reorganización por tipo de usuario aduanero y la implementación de rangos sancionatorios diferenciados según la gravedad de las conductas apuntan a resolver varios problemas al mismo tiempo. Por un lado, se busca que el sistema sea manejable y aplicable por la autoridad sin perder rigor. Por otro lado, se procura que la sanción sea proporcional a la conducta, evitando tanto la impunidad ante infracciones graves como la penalización desmedida de errores menores o formales.

Este último punto es crucial. Un sistema que castiga con igual severidad una omisión documental sin impacto fiscal y una maniobra deliberada de subfacturación para evadir aranceles no solo es injusto: es ineficiente. Desincentiva la colaboración de los operadores con la autoridad aduanera y erosiona la legitimidad del sistema como un todo. La diferenciación por gravedad es, en consecuencia, no solo un ajuste técnico sino una decisión de política pública con implicaciones profundas sobre la cultura del cumplimiento.

El hecho de que la propuesta haya sido construida mediante un proceso extenso de diálogo con el sector privado organizado es igualmente revelador. Indica una comprensión de que la norma aduanera no puede diseñarse de espaldas a quienes deben aplicarla en su operación cotidiana. Las mesas de trabajo que precedieron la radicación de la ponencia no son un detalle procedimental: son la evidencia de que el texto resultante tiene mayores posibilidades de ser comprendido, acatado y aplicado con eficacia.

Una ventana de oportunidad que no debe desaprovecharse

Colombia tiene hoy una oportunidad concreta de cerrar una brecha institucional que ha persistido por demasiado tiempo. La aprobación de un régimen sancionatorio aduanero moderno, coherente y garantista no resolverá por sí sola el problema del contrabando ni transformará de un día para otro la dinámica del comercio exterior. Pero sí sentará las bases normativas sobre las cuales puede construirse un control aduanero más efectivo, una mayor seguridad jurídica para los operadores legales y un entorno más hostil para quienes lucran de la evasión y el fraude.

La discusión que hoy avanza en el Congreso trasciende lo meramente legislativo. Es, en el fondo, una definición sobre qué tan en serio toma Colombia la tarea de construir un sistema de comercio exterior que sea, al mismo tiempo, abierto y ordenado, competitivo y justo, ágil y seguro.

La reforma del Régimen Sancionatorio Aduanero refuerza, de manera implícita, una exigencia que el entorno del comercio exterior colombiano ya venía demandando con urgencia: la necesidad de que los operadores adopten procesos robustos de debida diligencia en sus relaciones comerciales. Un sistema sancionatorio más claro y proporcional no solo faculta a la autoridad aduanera para actuar con mayor eficacia, sino que también eleva el estándar de responsabilidad exigible a importadores, exportadores, agentes de aduana y demás actores de la cadena logística. En un entorno donde las consecuencias del incumplimiento serán más predecibles y las infracciones más fácilmente imputables, conocer con quién se opera, verificar la trayectoria de los socios comerciales y validar la legitimidad de las transacciones deja de ser una buena práctica opcional para convertirse en una necesidad estratégica. La debida diligencia, en este nuevo contexto normativo, es tanto un mecanismo de protección jurídica como una condición para operar con sostenibilidad en el mercado formal.

En ese marco, Strategos BIP ofrece a los operadores del comercio exterior los servicios y herramientas necesarios para implementar procesos de debida diligencia sólidos, trazables y alineados con los estándares que el nuevo régimen normativo demanda. Para quienes buscan además comprender el fenómeno del contrabando en Colombia desde una perspectiva analítica y basada en datos, Strategos BIP pone a disposición su Dashboard de Contrabando en Colombia, una herramienta de inteligencia que permite identificar tendencias, sectores de riesgo y patrones de comportamiento ilegal en el comercio exterior. Conocer el panorama es el primer paso para tomar decisiones informadas; actuar con diligencia, el siguiente.

Acceda al Dashboard de Contrabando en Colombia por medio del siguiente enlace: https://cima.strategosbip.com/Panel/panel-contrabando