En medio del escenario electoral colombiano, el combate contra el comercio ilegal se perfila como uno de los desafíos estructurales para el próximo gobierno. Este fenómeno afecta las finanzas públicas, distorsiona la competencia económica y fortalece redes criminales que utilizan mecanismos como el contrabando técnico y el lavado de activos para insertarse en el comercio formal.