El reporte de marzo de 2026 de CIMA evidencia que el comercio ilegal en América Latina se consolida como una red transnacional cada vez más sofisticada, con impactos económicos, institucionales y de seguridad. Se destacan grandes incautaciones de cigarrillos en Chile, operativos contra contrabando textil en Colombia y Perú, y tendencias como la digitalización del contrabando, la corrupción institucional y el uso de inteligencia artificial en el lavado de dinero.

Lo que comenzó como una "tasa de seguridad" del 30% sobre productos colombianos escaló en dos meses al 100%, destruyendo el comercio formal en la frontera Colombia-Ecuador mientras el contrabando crece hasta un 70%. Un análisis de la paradoja: medidas pensadas para combatir el crimen organizado que terminan fortaleciéndolo.

El contrabando no es un problema de frontera: es un fenómeno sistémico que erosiona las finanzas públicas, financia al crimen organizado y distorsiona los mercados en todo el territorio nacional. Este análisis examina tres casos en América Latina y presenta estrategias de respuesta integral.

En medio del escenario electoral colombiano, el combate contra el comercio ilegal se perfila como uno de los desafíos estructurales para el próximo gobierno. Este fenómeno afecta las finanzas públicas, distorsiona la competencia económica y fortalece redes criminales que utilizan mecanismos como el contrabando técnico y el lavado de activos para insertarse en el comercio formal.

La desarticulación de las rutas logísticas venezolanas está redirigiendo presiones hacia el sistema portuario colombiano. Este análisis identifica tres vectores de riesgo críticos para 2026: contaminación de carga, exposición a sanciones OFAC y costos reputacionales por vínculos con capital chino.