La Casa de Nariño y la lucha contra las economías criminales: una cita inaplazable

Escenario electoral de Colombia

Las consultas interpartidistas del pasado 8 de marzo han reconfigurado el mapa político en Colombia, marcando el inicio de una reacomodación estratégica en las preferencias del electorado. Según la medición más reciente de la encuestadora Guarumo, el panorama presenta movimientos significativos: Iván Cepeda consolida su liderazgo con un crecimiento de casi seis puntos, alcanzando el 37,5% frente al 31,7% de febrero. Por otro lado, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, registra el ascenso más disruptivo del mes al escalar 10 puntos, situándose en un 19,9%. En contraste, el abogado Abelardo de la Espriella —quien ocupa el segundo lugar en la intención de voto— muestra señales de estancamiento y un leve retroceso, pasando del 22,6% al 20,2% (El Tiempo, 2026).

Este panorama de reacomodación electoral ocurre en un momento donde la salud de las finanzas públicas exige acciones inmediatas, gane quien gane. Así, la carrera hacia la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo impone una demanda urgente al próximo presidente de Colombia: enfrentar el comercio ilegal mediante una agenda técnica y robusta. Este fenómeno no es solo un asunto de aduanas; es una dinámica silenciosa que desangra las finanzas públicas, precariza el empleo formal y compromete la seguridad nacional al servir como plataforma financiera para estructuras criminales complejas.

La magnitud del fenómeno y el control de las organizaciones criminales

El impacto de esta problemática en la competitividad del país ha alcanzado niveles críticos, con pérdidas anuales que la DIAN sitúa entre los 6.000 y 7.000 millones de dólares (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2024). El eje central de este desafío es el contrabando técnico, un esquema donde las mercancías cumplen con las formalidades de nacionalización, pero bajo declaraciones inexactas que ocultan su valor, origen o cantidad real. Más allá de una simple evasión tributaria, esta modalidad constituye un engranaje clave para el lavado de activos, ya que permite a las organizaciones criminales insertar capitales ilícitos en el flujo comercial legítimo. Al manipular los registros aduaneros, estas estructuras logran que el comercio ilegal funcione como un vehículo para blanquear recursos, transformando rentas criminales en inventarios que circulan en el mercado formal.

Esta simbiosis entre criminalidad y comercio se manifiesta con especial crudeza al analizar los sectores estratégicos del país. En la industria del tabaco, por ejemplo, la incidencia ha escalado a un alarmante 38% de consumo ilegal según datos de Invamer para 2025 (Federación Nacional de Departamentos & Invamer S.A.S., 2025). Una situación similar ocurre en el sector de textiles y confecciones, que en 2024 reportó aprehensiones por $207.193 millones, seguido por maquinaria y equipos eléctricos ($73.211 millones) y calzado ($54.723 millones). Incluso el mercado de bebidas alcohólicas se encuentra bajo asedio, con cerca de un 22% operando bajo modalidades ilícitas que drenan recursos vitales para la salud y la educación departamental.

Sin embargo, la vulnerabilidad de estos sectores no es fortuita, sino el síntoma de una falla estructural en el aparato estatal. Más allá del lucro cesante y el riesgo sanitario para los ciudadanos, la persistencia del problema responde a la falta de articulación efectiva entre las autoridades militares, policiales y judiciales. Esta fragmentación, sumada a la baja eficacia del sistema de justicia y a focos de corrupción, ha permitido que las economías criminales se profesionalicen bajo una impunidad técnica difícil de rastrear. En última instancia, la ineficiencia y la carga burocrática del control aduanero actual limitan la capacidad de respuesta del Estado, dejando al sector formal a merced de estructuras que no solo compiten con precios desleales, sino que ejercen violencia y control territorial.

Implicaciones para el nuevo gobierno

El próximo gobierno enfrentará el mandato imperativo de ejecutar una modernización profunda del sistema aduanero hacia estándares digitales, desarrollar mecanismos de inteligencia financiera para la desarticulación de redes criminales transnacionales y lanzar campañas sostenidas de fiscalización y sensibilización. Cualquier proyecto político que aspire a la presidencia deberá integrar estas dinámicas en su plan de desarrollo, entendiendo que ignorar el comercio ilegal es aceptar el debilitamiento sistemático del tejido industrial y la estabilidad social de Colombia.

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Referencias

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (2024). P

anorama del contrabando en Colombia: Análisis y cifras del impacto económico. https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Informesespeciales/04-Panorama-del-Contrabando-en-Colombia.pdf

El Tiempo. (2026, 15 de marzo). Nueva encuesta Guarumo: así ha sido la intención de voto de Paloma Valencia; pasó de 6,9 por ciento en enero a 19,9 por ciento en marzo. https://www.eltiempo.com/politica/elecciones-colombia-2026/nueva-encuesta-guarumo-asi-ha-sido-la-intencion-de-voto-de-paloma-valencia-paso-de-6-9-por-ciento-en-enero-a-19-9-por-ciento-en-marzo-3543646

Federación Nacional de Departamentos & Invamer S.A.S. (2025). Estudio de incidencia de cigarrillos ilegales en Colombia 2025. https://fnd.org.co/uploads/3_1_034200250000_CATEGORIAS_COLOMBIA_FND_2025_MEDIOS_005d253753.pdf