En medio del escenario electoral colombiano, el combate contra el comercio ilegal se perfila como uno de los desafíos estructurales para el próximo gobierno. Este fenómeno afecta las finanzas públicas, distorsiona la competencia económica y fortalece redes criminales que utilizan mecanismos como el contrabando técnico y el lavado de activos para insertarse en el comercio formal.

Este artículo analiza las fallas críticas en los procesos de debida diligencia que permiten la infiltración del comercio ilegal en las cadenas de suministro de América Latina. Basado en informes técnicos de la OCDE, explora cómo la falta de trazabilidad y la dependencia de intermediarios no verificados exponen a las empresas a riesgos legales, financieros y reputacionales en 2026.

La desarticulación de las rutas logísticas venezolanas está redirigiendo presiones hacia el sistema portuario colombiano. Este análisis identifica tres vectores de riesgo críticos para 2026: contaminación de carga, exposición a sanciones OFAC y costos reputacionales por vínculos con capital chino.