El transbordo ilegal redefine el riesgo comercial en Latinoamérica

Durante 2025 y 2026, la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China dejó de ser un asunto bilateral para convertirse en una fuerza que reorganiza el comercio mundial. Cuando dos economías de ese tamaño distorsionan sus reglas de intercambio, los efectos no se quedan entre ellas: se desplazan hacia terceros países que, sin buscarlo, terminan sirviendo de puente. Latinoamérica es uno de esos puentes. Un informe reciente de la Casa Blanca documenta cómo más de 40 jurisdicciones —varias de ellas latinoamericanas— se han convertido en nodos de lo que denomina la "Gran Estafa del Transbordo" (Oficina de Comercio y Manufactura de la Casa Blanca [OTMP], 2026). En paralelo, el informe anual de riesgos de Strategos BIP describe cómo esa misma dinámica se combina, en la región, con crimen organizado, minería ilegal y erosión institucional (Buitrago Arias & Ruiz Galán, 2026). Leídos en conjunto, ambos documentos permiten trazar un mapa de riesgo —y de oportunidad— para gobiernos y empresas de la región.

Contexto: de la Sección 301 a la "Gran Estafa del Transbordo"

El origen de esta dinámica se remonta a 2018, cuando Estados Unidos impuso los aranceles de la Sección 301 a cerca del 70 % de las exportaciones chinas. El efecto inmediato fue una caída del déficit comercial directo con China; el efecto de mediano plazo fue la llamada "Gran Reallocation": exportadores chinos comenzaron a enrutar mercancía a través de terceros países mediante ensamblaje menor, reetiquetado, refacturación y cambios documentales que simulaban un nuevo origen (OTMP, 2026). La ampliación de los aranceles diferenciados en 2025 profundizó ese incentivo, porque cualquier país de arancel bajo puede volverse, sin proponérselo, una plataforma de entrada al mercado estadounidense para bienes de origen chino (OTMP, 2026).

El informe estadounidense clasifica a más de 40 países en tres niveles según su rol en esa red: líderes de escala diversificada (entre ellos México), líderes de escala con integración económica significativa con China, y objetivos oportunistas de menor escala —categoría que incluye a Costa Rica, Panamá, Colombia, Chile, Perú, República Dominicana y otros países de la región (OTMP, 2026). Las estimaciones sobre el tamaño del problema varían según la metodología, desde 40 000 millones de dólares anuales calculados por Goldman Sachs hasta 303 000 millones estimados por Altana, con un rango central cercano a los 75 000 millones de dólares (OTMP, 2026).

Análisis: dos potencias, una cadena de suministro

Resulta útil leer esta disputa no como una guerra arancelaria abstracta, sino como una pugna por el control de una cadena de suministro global en la que China concentra el poder de la oferta y Estados Unidos concentra el poder de la demanda. Ambas potencias usan ese poder —económico, regulatorio y, cuando es necesario, político y militar— para expandir su influencia más allá de sus fronteras. China responde a la presión arancelaria desviando producción hacia terceros países y, ante su propia trampa deflacionaria, coloca excedentes de manufactura en Latinoamérica a precios que la industria local no puede igualar (Buitrago Arias & Ruiz Galán, 2026). Estados Unidos, por su parte, ha convertido el acceso a su mercado en una moneda de cambio explícita: la llamada Doctrina Donroe condiciona la relación bilateral con países latinoamericanos a que estos contengan la inversión y el comercio ilegal proveniente de Asia, e influye incluso en ciclos electorales de la región (Buitrago Arias & Ruiz Galán, 2026).

Latinoamérica queda así atrapada entre dos lógicas de poder que no fueron diseñadas pensando en ella, pero que la usan como terreno de disputa. El caso mexicano ilustra ambas caras a la vez: es simultáneamente el principal corredor de triangulación de acero y aluminio chino hacia Estados Unidos y el país bajo mayor presión directa de Washington en la revisión del T-MEC de 2026 (Buitrago Arias & Ruiz Galán, 2026). Perú y su nuevo puerto de Chancay, y Panamá y Costa Rica con su infraestructura de zonas francas y logística marítima, muestran el mismo patrón en escala menor: activos legítimos de comercio exterior que, sin controles suficientes, se vuelven atractivos para el transbordo (OTMP, 2026; Buitrago Arias & Ruiz Galán, 2026).

Implicaciones para empresas, autoridades y sociedad

Para las empresas, el riesgo ya no es solo de cumplimiento arancelario: es de reputación, de exposición a sanciones de la Office of Foreign Assets Control y de competencia desleal directa en sus propios mercados domésticos. El informe de Strategos BIP documenta capturas de mercado extremas por parte de redes ilegales —hasta el 90 % del mercado de cigarrillos en Panamá y el 27 % del mercado de licores en Ecuador—, cifras que dan una idea del tamaño real que puede alcanzar la competencia desleal cuando se combina con lavado de activos basado en comercio (Buitrago Arias & Ruiz Galán, 2026). Para las autoridades, la limitación no es solo presupuestaria: en varios países de la región, la falta de facultades ex officio impide que las aduanas retengan mercancía sospechosa sin denuncia previa de marca, lo que deja un vacío estructural que las redes ilegales explotan con facilidad (Buitrago Arias & Ruiz Galán, 2026).

Del lado estadounidense, la respuesta institucional avanza con la construcción de lo que el informe de la Casa Blanca llama la "Detective Border": un sistema que integra datos de embarque, historiales de ruta, visión computacional e indicadores de capacidad productiva para distinguir la inversión extranjera legítima del transbordo ilícito (OTMP, 2026). Ese esfuerzo se apoya, además, en la Orden Ejecutiva 14411, que endurece los requisitos de bonos, propiedad y buen comportamiento para los importadores de récord (OTMP, 2026). Para los países latinoamericanos con aspiraciones exportadoras hacia Estados Unidos, esto significa que la vigilancia sobre su origen de mercancía —legítimo o no— seguirá aumentando.

La oportunidad: de terreno de paso a actor con leverage

Este escenario no es únicamente una amenaza; también abre una ventana de negociación poco explorada. Los Acuerdos de Comercio Recíproco que Estados Unidos ha impulsado incluyen, por primera vez, cláusulas que permiten a un país firmante establecer reglas de origen propias para evitar que los beneficios del acuerdo terminen favoreciendo a un tercer país (OTMP, 2026). Un país latinoamericano que demuestre capacidad de control aduanero real puede usar esa cláusula como palanca: no solo para blindarse frente a acusaciones de transbordo, sino para negociar condiciones de acceso más favorables a cambio de una cooperación aduanera verificable.

Lo mismo aplica para las industrias locales. Los sectores golpeados por la "inundación china" —calzado en México, cerámica en Perú, movilidad eléctrica en Colombia (Buitrago Arias & Ruiz Galán, 2026)— tienen en los mecanismos de defensa comercial (investigaciones antidumping, medidas compensatorias, aranceles espejo) una herramienta subutilizada frente a la lentitud institucional que hoy los caracteriza. Acelerar esos procesos, y documentarlos con evidencia de nivel forense, convierte una industria afectada en un actor con capacidad real de incidencia frente a su propio gobierno y frente a sus socios comerciales.

Conclusiones

El transbordo ilegal ya no es un problema aduanero menor: es la consecuencia directa de una disputa geopolítica entre dos potencias que usan el comercio como extensión de su poder. Latinoamérica aparece en ambos informes analizados como territorio de paso, pero también como el espacio donde se decide buena parte del resultado de esa disputa. Los países y las empresas que logren convertir la presión de cumplimiento —controles aduaneros más estrictos, trazabilidad de origen, cooperación con CBP— en una ventaja competitiva y de negociación, estarán mejor posicionados que quienes simplemente absorban el riesgo.

Llamado a la acción

Empresas expuestas a cadenas de suministro con nodos asiáticos deberían mapear su riesgo de origen con la misma rigurosidad con la que hoy se exige a los importadores estadounidenses, y las autoridades aduaneras de la región deberían priorizar la actualización de sus facultades de retención e inspección antes de que la presión bilateral las convierta en una condición impuesta desde afuera. En Strategos BIP y CIMA seguiremos monitoreando esta evolución con datos verificables, no con estimaciones especulativas.

Referencias

Buitrago Arias, J. C., & Ruiz Galán, J. (2026). 10 riesgos de comercio ilegal en Latinoamérica (2026): El año del contrabando como efecto geopolítico. Strategos BIP.

https://www.strategosbip.com/post/riesgos-comercio-ilegal-latinoamerica-2026

Oficina de Comercio y Manufactura de la Casa Blanca [OTMP]. (2026). The Great Transshipment Scam. Casa Blanca de Estados Unidos. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2026/08/The-Great-Transshipment-Scam.pdf