El mercado ilegal de autopartes en Colombia: una amenaza activa en su cadena de valor

El mercado ilegal de autopartes en Colombia no es un fenómeno emergente: es una

amenaza consolidada que opera en paralelo a los canales comerciales legítimos y que, en muchos casos, los utiliza como cobertura.

En mayo de 2026, un solo operativo en Bogotá resultó en la incautación de más de 130.000 repuestos falsificados, una cifra que, lejos de reflejar la magnitud real del problema, representa apenas el 10% de lo que efectivamente circula en el mercado. El Capítulo Arancelario 87, que agrupa vehículos y sus partes, es hoy el segundo sector más afectado por el contrabando en Colombia, con pérdidas estimadas en más de USD 1.200 millones solo en 2024. Estamos ante un mercado negro que mueve cerca de COP 20.000 millones al año y que, a diferencia de otros mercados ilegales, convive con el comercio formal, se abastece de los mismos puertos y utiliza los mismos distribuidores.

La economía ilegal de autopartes en Colombia sigue una lógica de negocios bien

articulada. El producto —fabricado mayoritariamente en China e India sin autorización

de las marcas originales— ingresa al país valiéndose de tres mecanismos principales:

subfacturación aduanera (38% de los casos), cambio fraudulento de origen declarado

(29%) y desvío desde el propio canal autorizado hacia distribuidores grises. A esto se

suma el crecimiento exponencial del comercio electrónico informal: plataformas como

Alibaba o Temu actúan como origen, y Mercado Libre Colombia como destino final, con

el consumidor convencido de haber adquirido una pieza original. El resultado es un

mercado que creció de 500.000 unidades falsas detectadas en 2023 a 2 millones en

circulación en 2025, con una proyección que supera los 4 millones para 2026. Una tasa

de crecimiento del 100% anual que no tiene precedentes en el sector.

Este dinamismo no es espontáneo. Las redes de falsificación de autopartes están

articuladas con estructuras criminales más amplias que financian también el robo de

vehículos, el lavado de activos y el narcotráfico. En 2023, la Policía Fiscal y Aduanera

(POLFA) ejecutó más de 400 operativos contra la falsificación en el sector, y en 2025

detectó cerca de 800 motores con sistemas de identificación regrabados. Sin embargo,

la capacidad de respuesta institucional enfrenta una limitación estructural que una

fuente del sector consultada por Strategos BIP describió con claridad: ni las

autoridades ni los consumidores cuentan con el conocimiento técnico necesario para

distinguir una pieza falsificada de una autorizada. Esta brecha de conocimiento no es solo un problema de fiscalización; es una ventana permanente de impunidad para quienes operan el mercado ilegal y una fuente de exposición constante a responsabilidades legales para los actores formales del sector.

Para las empresas que operan legalmente en la cadena de valor de autopartes

—importadores oficiales, distribuidores, concesionarios y talleres—, la presencia del

mercado ilegal no es un riesgo abstracto. Las piezas falsificadas compiten sin

aranceles ni cargas fiscales, generando una erosión de entre el 15% y el 25% en el

margen del negocio posventa. Cuando un taller instala una pieza no autorizada bajo la

marca de un importador oficial —sin saberlo o sin poder verificarlo—, es el importador

quien absorbe el costo de la garantía o pierde la relación comercial con el cliente. Más

grave aún: los frenos adulterados y las fallas en sistemas de asistencia a la conducción

(ADAS) están vinculados al 15-20% de los accidentes en ciudades con alta penetración

del mercado gris, y los litigios derivados de esos accidentes recaen, en la mayoría de

los casos, sobre el importador oficial. Las baterías falsificadas, por su parte,

representan un riesgo de incendio especialmente crítico en el segmento de vehículos

eléctricos e híbridos, cuya participación en el parque automotor colombiano crece

sostenidamente. En un entorno donde la trazabilidad de las piezas es técnicamente

difícil y jurídicamente no exigida de forma sistemática, la pregunta no es si su operación

está expuesta, sino en qué grado lo está hoy.

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identificación y gestión de los riesgos derivados de cambios políticos y escenarios de

inestabilidad que impactan las dinámicas comerciales en la región.