Lo que comenzó como una "tasa de seguridad" del 30% sobre productos colombianos escaló en dos meses al 100%, destruyendo el comercio formal en la frontera Colombia-Ecuador mientras el contrabando crece hasta un 70%. Un análisis de la paradoja: medidas pensadas para combatir el crimen organizado que terminan fortaleciéndolo.

El contrabando en Colombia se ha consolidado como un fenómeno estructural vinculado a redes criminales transnacionales, con un impacto significativo sobre la economía formal. A través de mecanismos como el contrabando técnico y esquemas de lavado de activos, estas prácticas generan competencia desleal, debilitan el tejido empresarial y facilitan la expansión de economías ilícitas. Sus efectos se traducen en pérdida de competitividad, reducción del empleo formal y afectaciones

La posible intervención de Estados Unidos en Venezuela y un eventual proceso de transición política generan incertidumbre en la seguridad de la frontera con Colombia. Pese a este escenario, la presencia y capacidad de adaptación de redes criminales como el ELN sugieren la continuidad del contrabando y otras economías ilícitas. Esto mantiene altos los riesgos operacionales para las empresas, especialmente en transporte, logística y competencia desleal.

La desarticulación de las rutas logísticas venezolanas está redirigiendo presiones hacia el sistema portuario colombiano. Este análisis identifica tres vectores de riesgo críticos para 2026: contaminación de carga, exposición a sanciones OFAC y costos reputacionales por vínculos con capital chino.