¿Cómo el contrabando afecta a las empresas colombianas?

El comercio ilegal y el contrabando en América Latina y el Caribe se han consolidado como fenómenos estructurales que trascienden la economía informal y se articulan con redes criminales transnacionales. De acuerdo con la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC, 2024), este mercado ilegal mueve anualmente más de US$210.000 millones en productos, cifra equivalente al 2% del PIB regional. Esta magnitud evidencia que su expansión no es coyuntural, sino que responde tanto a fallas históricas en los sistemas de control comercial como a la creciente sofisticación de las organizaciones criminales involucradas.

En este contexto regional, para 2022 el contrabando en Colombia superó los US$8.800 millones —alrededor del 10% del valor de las importaciones legales, según la DIAN—, con una marcada predominancia del contrabando técnico. Este mecanismo, que se materializa mediante la manipulación o falsificación de información en las declaraciones de importación, representó cerca del 90% del valor total del contrabando entre 2018 y 2022, con un promedio anual de US$6.234 millones.

Esta dinámica se ve reforzada por factores estructurales propios del país. La complejidad del contrabando en Colombia se agrava por sus características geográficas: la extensa y porosa frontera terrestre con Venezuela, Brasil y Ecuador facilita la circulación de mercancías ilegales, mientras que puertos estratégicos como Buenaventura y Barranquilla se han convertido en nodos críticos para el ingreso de bienes de alto valor provenientes de países como China, Estados Unidos, Bolivia, Panamá y Brasil. Estas rutas son explotadas por grupos criminales que encuentran en el contrabando un negocio de bajo riesgo y alta rentabilidad, con menores niveles de persecución frente a otros delitos transnacionales.

Más allá de sus efectos comerciales, el contrabando cumple además una función clave en las economías criminales. Un aspecto particularmente preocupante del lavado de activos es el papel que desempeña este fenómeno, ya que permite a las organizaciones criminales integrar fondos ilícitos a la economía formal mediante operaciones de comercio exterior que aparentan legalidad o resultan difíciles de rastrear. A través de estos mecanismos, los recursos provenientes de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión o el tráfico de armas no solo se blanquean, sino que también facilitan la expansión y diversificación de las estructuras criminales.

Estas prácticas no son abstractas, sino que se materializan en esquemas concretos. Tal como lo venimos documentando desde 2022, se ha identificado una cadena transnacional de lavado de activos basada en el contrabando de cigarrillos vinculada al narcotráfico. En este esquema, la cocaína producida en Colombia es enviada a México y Estados Unidos, donde los delincuentes obtienen el capital inicial; se estima que aproximadamente la mitad de estos recursos se mantiene en el exterior como instrumento de negociación ante una eventual captura y extradición, mientras que el resto debe ser incorporado al sistema económico. Para ello, los narcotraficantes invierten dichos fondos en tabaco ilícito procedente de Corea del Sur, Paraguay, Uruguay, China, India y Emiratos Árabes Unidos, el cual es transportado en contenedores hacia Panamá. Allí, la mercancía es desconsolidada y reempaquetada en zonas francas, para luego ser distribuida a Colombia, Aruba, Curazao y Venezuela, donde vuelve a ser fraccionada para su consumo interno o su reexportación, principalmente hacia Ecuador. Finalmente, en los mercados de destino, las organizaciones criminales recuperan su capital con utilidades y ya blanqueado a través del sistema financiero.

Como resultado de estas dinámicas, los impactos del contrabando sobre el sector productivo nacional son profundos y multidimensionales. En primer lugar, generan competencia desleal frente a las empresas formales, que sí cumplen con obligaciones tributarias, laborales y regulatorias. La entrada masiva de productos subfacturados, falsificados o de baja calidad erosiona los márgenes de los productores nacionales y afecta la reputación de las marcas, deteriorando la confianza del consumidor y exponiendo a la población a riesgos sanitarios y de seguridad. Sectores como alimentos, medicamentos, cosméticos, tabaco, bebidas alcohólicas, repuestos automotores y textiles son particularmente vulnerables a estas dinámicas.

Adicionalmente, el contrabando debilita los incentivos para la producción local, desplaza el empleo formal y reduce la competitividad del tejido empresarial. De manera indirecta, limita la capacidad del Estado para financiar políticas públicas a través del recaudo tributario, al tiempo que fortalece las economías criminales que operan en corredores fronterizos y logísticos.

Desde Strategos BIP, comprendemos que enfrentar el comercio ilegal requiere enfoques integrales, que combinen inteligencia estratégica, análisis de riesgos y articulación interinstitucional. Por ello, trabajamos activamente en Colombia y en otros países de la región para apoyar a las empresas en la identificación, mitigación y gestión de los riesgos asociados a economías ilícitas y estructuras criminales que afectan sus operaciones.

En esta línea, promovemos un enfoque regional reflejado en iniciativas como la Estrategia Triángulos, una plataforma que articula a autoridades gubernamentales, organismos internacionales, universidades y empresas de 17 países, desde México hasta Argentina. Su propósito es reducir la incidencia del comercio ilícito mediante el desmantelamiento de estructuras criminales, la generación de evidencia para mejorar políticas públicas y marcos regulatorios, y la sensibilización de la ciudadanía sobre los impactos del contrabando en el desarrollo económico y la seguridad.