La decisión de Ecuador de imponer un arancel del 30% a los productos colombianos busca mejorar la seguridad, pero corre el riesgo de lograr lo contrario. Analizamos cómo el encarecimiento del comercio formal incentiva el contrabando, financiando indirectamente a las estructuras criminales en la frontera y elevando las tensiones diplomáticas hacia una posible guerra comercial.